El enemigo más poderoso y letal del olvido son los archivos, los registros que materializan la memoria. Su contracara es el negacionismo, en el que se funda y apoya la impunidad. Es esto, precisamente, lo que jerarquiza y vincula el valor de la verdad con la justicia. Qué enorme y noble paradoja, que al mismo tiempo repudia el olvido y su consecuencia, la impunidad. Claro que hay diferentes registros de la Historia. Los de los fuertes, los poderosos que planificaron y ejecutaron los planes tétricos de la represión, y los de quienes aportaron con sufrimiento e infortunio los vestigios y rastros tangibles y verídicos de las perversiones del poder: víctimas, familiares, defensores de derechos humanos… que reclamaron por vejámenes, atropellos y crueldades que aunque negados con energía en un momento, se presentan como realidades patéticas e incontrastables en los archivos.
¿Cómo reconstruir los eslabones en una realidad sepultada por la represión secreta y clandestina, si no es a través de los archivos?
En cumplimiento del compromiso asumido por Barack Obama en su visita a la Argentina en marzo de 2016, el secretario de Estado John Kerry entregó al presidente Mauricio Macri y a organismos de derechos humanos más de 1.000 documentos desclasificados (1976-1983) provenientes de 14 agencias y departamentos del gobierno de los Estados Unidos, lo que encierra un gesto de acercamiento diplomático y confianza recíproca. Estos documentos reseñan la política represiva de la dictadura argentina y también el papel de los Estados Unidos en el Plan Cóndor.
Además revalidan los valiosos testimonios de ciudadanos estadounidenses como el del ex presidente de la CIDH Tom Farer o el de la ex Subsecretaria de Estado Patricia Derian durante el Juicio a las Juntas promovido por el presidente Raúl Alfonsín a poco de asumir el mando. En 2002, Estados Unidos había publicado 4.000 documentos sobre el tema –no estaban clasificados–.
En 2006, archivos desclasificados del Departamento de Estado afirman que ya en 1977, las estimaciones de desaparecidos y muertos en el país –según datos de los propios militares– superaban las 20.000 personas. Entonces, el argumento central de los feroces dictadores argentinos era, precisamente, la ausencia de pruebas, de documentos que respaldaran esos testimonios y pudieran reforzar aun más los fundamentos de lo que fue una sentencia ejemplar. Hoy, gracias a estos registros y a otros que el mundo resguardó, podemos comprobar el valor incontrastable de aquel juicio que rompió para siempre el ciclo –que parecía perpetuo– de la impunidad de los crímenes de Estado y de los golpes militares.
Este material, que desnuda los rasgos más crueles, sórdidos y brutales de la represión estatal, recepta también su reverso: los esfuerzos sinceros de un presidente demócrata conmovido por las consecuencias de esa violencia, así como el despliegue de resortes políticos, económicos y diplomáticos tendientes a frenar las consecuencias dramáticas de la dictadura. Los archivos desclasificados revelan una deuda de gratitud de los argentinos con el ex presidente James Carter, a quien deberíamos oficialmente rendir homenaje.
Los documentos testimonian, asimismo, el valor que tuvo en ese momento la solidaridad internacional en la denuncia de las violaciones de derechos humanos y el combate de la dictadura, que también estuvo presente cuando se juzgó el régimen militar y el país proyectó sobre el mundo la ejemplaridad de una transición democrática fundada en la recuperación y defensa de la memoria y el repudio a los crímenes.
Cuarenta años después del golpe militar de 1976, quién podría negar el valor tangible y vivo de estos archivos transformados en el retrato de una época signada por el comportamiento sistemático y recurrente de la represión estatal en nuestro país y en la región: persecución, tortura, desapariciones, exilio, muerte y violación de las fronteras nacionales, como lo prueba el Plan Cóndor.
Estos documentos se suman a los que recientemente entregó la UNESCO y a los que próximamente entregará el Vaticano, obligando a la Comisión de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Cancillería a fortalecer su estructura e intensificar su trabajo, con el fin de poner a disposición de la Justicia, los investigadores y la ciudadanía un extenso volumen de información que se complementa con la que se encuentra en todos los archivos de la memoria que funcionan en el país.
Los archivos también nos interpelan desde una mirada social. La verdad y el derecho a ella no solo contienen una dimensión individual y única para cada uno de nosotros sino que implican igualmente un espacio colectivo, porque el pasado nos concierne a todos. El gran jurista francés Luis Joinet, al elaborar los principios de las Naciones Unidas para la lucha contra la impunidad, nos transmite un mensaje universal: “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en nombre del deber de memoria que incumbe al Estado”.
Leandro Despouy. Embajador. Representante Especial para Derechos Humanos de la Cancillería.
Fuente: http://www.clarin.com/opinion/valor-archivos-preservar-memoria_0_1633636766.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario