Hace unas semanas, el Gobierno argentino entregó a organismos de derechos humanos y periodistas "documentos desclasificados” de 14 agencias y departamentos del Gobierno de Estados Unidos que abarcan el periodo comprendido entre 1977 y 1982. Estos documentos, según los expertos, confirman el accionar represivo ilegal de la última dictadura militar de ese país y el rol de Estados Unidos en el marco del denominado Plan Cóndor en la región.
Esa noticia ha vuelto a reavivar en el país la pregunta de por qué aún aquí no se han desclasificado los archivos de las dictaduras militares, pese a las siete órdenes judiciales que piden la liberación de esos datos.
Según los Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd), después de varias movilizaciones obtuvieron tres órdenes judiciales para la desclasificación de archivos y hay otras cuatro órdenes de la comisión de fiscales que investigó las desapariciones forzadas.
El Gobierno alega que las FFAA entregaron documentos a la Fiscalía en 2010, pero que éstos consistían en recortes de periódicos, tarjetas de felicitación y papeles que no aportan al esclarecimiento de las desapariciones.
Con todo, es "sui géneris” que un Gobierno progresista, que mantiene un discurso de luchas contra las dictaduras, en vez de combatir la simbología militar, investigar los abusos en los cuarteles e intentar esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por las FFAA no logre avanzar en esto y, por el contrario, permita un triste peregrinar sin rumbo de los familiares de las víctimas de estos periodos luctuosos de nuestra historia.
El Ejecutivo asumió un papel proteccionista con las FFAA en los últimos 10 años y se ha llegado a un extremo de mostrar a éstas como subordinadas al Gobierno: se han compuesto himnos para el presidente Morales, se ha creado una escuela militar antiimperialista, por mencionar algunas expresiones de esta extraña interdependencia.
Por ello, no es raro que pese a las órdenes judiciales y el clamor de familiares no se haya avanzado nada en Bolivia en este tema. La Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad, por Justicia y Memoria histórica del Pueblo Boliviano, que realiza una vigilia desde hace más de cuatro año frente al Ministerio de Justicia en El Prado paceño, exige que se conforme una Comisión de la Verdad sobre las dictaduras para así conocer dónde están los desaparecidos. Tampoco se ha avanzado al respecto. Evo Morales ha llegado a exculpar política y moralmente a las FFAA por los golpes de Estado cometidos en los años 70 y 80 al afirmar que fueron "los partidos políticos” los que las manipularon para que destruyeran el orden institucional de entonces e impusieran regímenes de facto.
Ahí radica la fuerza de la negativa de las FFAA bolivianas de entregar los archivos militares que podrían servir para esclarecer numerosas violaciones a los derechos humanos. Los jefes castrenses, interesados en dejar pasar el tiempo sin poner en riesgo el nombre de su institución, se sienten avalados por esta actitud dilatoria del Gobierno. Cuando la comisión de fiscales estableció que los escasos y poco valiosos documentos presentados eran insuficientes, los militares recibieron el respaldo de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Éste indicó que las FFAA habían entregado todos los documentos. El Primer Mandatario expresó luego que "no existen archivos clasificados de las dictaduras”.
Es una afrenta para las víctimas de las dictaduras, una herida abierta y una deuda pendiente con el país que debiéramos ser capaces de cerrar y sanar en democracia. Países como Estados Unidos, el "imperio” según el Gobierno, liberó varios archivos de las dictaduras en la región de las décadas de 1970 y 1980. Otros países como Chile y Argentina, que también formaron parte del denominado Plan Cóndor, comenzaron a desclasificar los documentos. ¿Cuánto más tendremos que esperar los bolivianos?
Fuente:http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2016/9/3/desclasificar-archivos-militares-108542.html
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