Los archivos desclasificados de Estados Unidos sobre la última dictadura argentina reforzarán los juicios por delitos de lesa humanidad que hasta ahora han permitido la condena de 662 represores.
Esta es la expectativa que tienen los organismos de derechos humanos que analizan la documentación que a principios de este mes vino a entregar el secretario estadunidense de Estado, John Kerry, al cumplir un compromiso asumido por Barack Obama en marzo pasado.
Los archivos, escritos en su mayoría en inglés, son fundamentales para encontrar elementos que refuercen las acusaciones en contra de algunos de los dos mil 426 represores imputados en las causas que están en curso en tribunales argentinos.
Las mil 81 fojas que Kerry entregó al presidente Macri y éste a su vez a varios organismos de derechos humanos forman parte de un primer paquete de documentos, pero se espera que la desclasificación avance en los próximos años.
El gobierno argentino informó, por ejemplo, que en 2017 se desclasificarán también archivos de las bibliotecas de los expresidentes Gerald Ford, Ronald Reagan, George W. Bush (padre) y James Carter.
Los documentos que recibieron los organismos humanitarios forman parte del archivo que tenían 14 agencias y departamentos de gobierno de Estados Unidos relativas a la dictadura que gobernó Argentina de 1976 a 1983.
También revelan información sobre el Plan Cóndor, a través del cual las dictaduras sudamericanas de los años 70 se coordinaron, con el apoyo de Estados Unidos, para secuestrar y asesinar a opositores o intercarcambiar presos políticos de manera ilegal.
Los archivos detallan casos emblemáticos, como el secuestro y tortura del dirigente socialista Alfredo Bravo y el periodista Jacobo Timerman.
Además, incluyen informes de la fallecida exsecretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de Estados Unidos, Patricia Derian, sobre las violaciones cometidas por el gobierno militar, así como cartas del entonces presidente James Carter al dictador Jorge Rafael Videla.
Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Equipo de Antropólogos Forenses son las organizaciones que analizan los archivos para obtener información que apoye los juicios.
La desclasificación de documentos ha recorrido un largo camino, ya que a mediados de los años 80 se entregaron más de cuatro mil que sirvieron para respaldar las acusaciones a los jefes de las Juntas Militares que fueron condenados en 1986.
En 2002, por pedido de los organismos de derechos humanos, Estados Unidos accedió a publicar cuatro mil 677 documentos, pero no quiso incluir los relativos a las agencias militares y de inteligencia.
Gracias a estos archivos, se comprobó que los represores reconocían ante funcionarios estadunidenses las desapariciones masivas de personas que negaban en público.
Actualmente hay 13 juicios en curso, pero son cientos las causas que avanzan en los tribunales para condenar los secuestros, torturas, desapariciones y robo de bebés cometidos por militares, fuerzas de seguridad y civiles.
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