Europa pide al Vaticano que abra sus archivos a los afectados por casos de niños robados

Una persona sujeta carteles protesta por niños robados en hospitales. SERGIO GONZÁLEZ

 

Insta al Ejecutivo a tomar las medidas que garanticen las investigaciones

Los afectados acuden a Europa al «no ver voluntad política» en España

Especial: Niños robados 

ÁNGELES VÁZQUEZ

03/04/2016 04:42
El Parlamento Europeo se ha dirigido a la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en España y al representante en Bruselas del Gobierno español con una petición: que «faciliten el acceso a los archivos relevantes a las familias afectadas» por los casos de niños robados al nacer en nuestro país que se produjeron durante la dictadura y hasta los años noventa.
La presidenta de la Comisión de Peticiones de la Cámara europea, Cecilia Wikström, ha remitido sendas cartas en las que «hace hincapié en la importancia» de que «se garantice el acceso» a cuantos archivos puedan ser relevantes para la averiguación de los hechos denunciados por media docena de asociaciones españolas de niños robados con las que se entrevistó el pasado septiembre.
En las cartas se insta al Vaticano y al Gobierno español «a tomar las medidas necesarias que garanticen que todas las investigaciones penales se lleven a cabo». Además, se anuncia que «proseguirá el examen de dicha petición tan pronto como disponga de la respuesta de las autoridades españolas».
La denuncia planteada por estas asociaciones españolas, encabezadas por Ana Cueto, presidenta de la Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el Ámbito Nacional (Avidna), se suma a otras cuatro iniciativas similares, también atendidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Avidna acusa al Estado español de crimen contra la humanidad por los casos de bebés robados al nacer por el personal que trabajaba en diferentes hospitales de España. En la reunión que mantuvieron con la Comisión del Parlamento Europeo explicaron que «el personal de esos centros habría enviado a los recién nacidos al servicio de cuidados intensivos y habría prohibido a los padres ver a sus hijos» durante varios días.
«Llegado un momento, los padres fueron informados de la muerte de los recién nacidos», reproducen las misivas que añaden que «los peticionarios señalan inconsistencias graves en los informes médicos y en los registros de los ayuntamientos y en los cementerios».
Cueto explica que decidieron acudir al Parlamento Europeo, bajo la dirección letrada del experto en Derecho Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias, porque el archivo de los procedimientos penales iniciados «es masivo». La presidenta de Avidna cree que puede haber dos o tres casos abiertos, pero considera que también «están intentando cerrarlos». Por eso trata de «buscar vías internacionales» que den otra respuesta a la que reciben en España, como las conclusiones alcanzadas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas de 2 de julio de 2014, que, señala, reconoció la desaparición forzada con fines de compra-venta nacional e internacional de bebés nacidos en España.
Cueto afirma que la defensora del Pueblo les remitió a la vía civil, pero la considera una «vía muerta, si no hay evidencias absolutas» de lo que se denuncia. Sería una alternativa a la vía penal en la que insiste que todos los procedimientos se están archivando por prescripción «u otras razones variopintas», como el fallecimiento de la denunciante o la imposibilidad de encontrar restos de ADN en una sepultura para cotejarlos con los de los progenitores que trataron de iniciar el procedimiento penal.
La Fiscalía General del Estado, cuya memoria de 2015 no incluye ninguna referencia a estos casos, dictó una circular en enero de 2013 para unificar criterios entre las distintas Fiscalías. En ella se instaba la apertura de diligencias por cada hecho denunciado y se ordenaba a los fiscales «agotar la investigación de las denuncias con el fin de tener un completo relato de hechos, antes de fijar posición sobre la prescripción», cuyo cómputo no deberá empezar a correr «mientras la víctima sea mantenida en la ignorancia de su origen y verdadera identidad».
Pese a estas premisas, como denuncia Cueto, los procedimientos penales que se abrieron entonces acabaron en archivo. «No hay voluntad política para dar una solución a estos casos», lamenta.
Como el Gobierno no puede interferir en los procedimientos judiciales, su respuesta a las reclamaciones del colectivo de afectados consistió en la apertura de la Oficina de Información a Afectados por la Posible Sustracción de Recién Nacidos en marzo de 2013. En este tiempo, la oficina ha abierto 525 expedientes por otros tantos casos de niños robados, y se han aportado 420 perfiles genéticos, una cifra tan baja que hace prácticamente imposible que aparezca una coincidencia genética que permita el reencuentro de un progenitor y su hijo sustraído, según sus últimos datos.
El principal problema con el que cuenta el servicio puesto en marcha por el Ministerio de Justicia es la desconfianza que despierta entre las víctimas. «No conozco a nadie que conozca a alguien que le haya funcionado. Todo lo contrario. No confiamos en ella, porque cuando pones una oficina lo último es el ADN. Lo que hay que hacer es investigar, porque tenemos los mejores servicios de inteligencia, de Policía... En el momento que la Justicia quisiera indagar daba con mis hijos», asevera Cueto.
Pese a todo, confía en que «en algún momento haya un punto de inflexión en el Estado español» y la investigación «salga adelante».
Fuente: http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/03/56fed4bb46163ff9098b4648.html