El pedido, al cual accedió la Unesco, forma parte de la política de esclarecimiento iniciada con la solicitud presentada por el Presidente Mauricio Macri al Presidente Barack Obama, a fin de que Estados Unidos desclasifique documentos del mismo período que obran en distintas reparticiones del gobierno norteamericano.
La petición a la Unesco fue formalizada por mí ante la Directora General de la organización, Irina Bokova. La documentación me fue entregada diecisiete días más tarde por Eric Falt, Sub-Director General de la Unesco para las Relaciones Exteriores.
En Buenos Aires, el Ministerio sometió la documentación recibida a un riguroso análisis, luego de lo cual el vice-canciller Carlos Foradori, y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, anunciaron el 12 de mayo que el Gobierno tenía esa información.
La canciller Malcorra se comunicó la semana pasada con la Directora General, a quien le agradeció la receptividad que tuvo el pedido del gobierno argentino y la celeridad de la respuesta de la organización.
Los antecedentes recibidos consisten en actas del Comité de Convenciones y Recomendaciones del Consejo Ejecutivo de la Unesco, encargado de examinar “las comunicaciones relativas a casos y asuntos concernientes al ejercicio de los derechos humanos en las esferas de competencia” de la organización: es decir educación, ciencia y cultura.
Ese Comité estuvo presidido hasta fines de 1978 por el noruego Gunnar Garbo, a quien el entonces embajador argentino ante la Unesco, Víctor Massuh, acusó de tener una actitud “inquisitiva y fiscalista” respecto del gobierno de la Junta presidida por Jorge Rafael Videla.
El representante argentino utilizaba frente a cada denuncia la estrategia que le confió al canciller Brigadier (RE) Carlos Washington Pastor: “Oponer reservas y observaciones en cuanto a la competencia, oportunidad o cumplimiento de tal o cual requisito”, y requerir que la denuncia fuera declarada “inadmisible”.
El 7 de junio de 1978, el Ministerio de Relaciones Exteriores le envió a Massuh (Nota N° 4580/978 Secreta) “una carpeta conteniendo nombres de delincuentes subversivos, organización a que pertenecen y acciones en las que participaron”. El propósito era proveerle elementos a usar en potenciales denuncias. La nota requería, por indicación del Presidente Videla, que la delegación enviara un “informe evaluativo” sobre dicha lista. Cuatro días más tarde, el embajador envió (Nota N° 262 Secreta/78) una respuesta en la que decía que “solamente uno de los mencionados” en esa lista de “delincuentes subversivos” estaba “vinculado a la Unesco”. Era Julio Cortázar, que desde hacía 25 años formaba parte del plantel de traductores de la organización. Massuh agregó: “No se ha tenido trato con él ni tiene relación alguna con las tareas de la delegación”.
Ese mismo año entró en vigencia un procedimiento para tratar las denuncias cuando los gobiernos no proveyeran información: esas denuncias no serían archivadas sino que se mantendrían en una “lista de comunicaciones pendientes”. Massuh criticó el procedimiento porque “frente una acumulación de denuncias que permitan deducir que no se trata de circunstancias aisladas y ocasionales, el Consejo Ejecutivo puede llegar a tratar en sesiones públicas la situación de los derechos humanos de un país” (SIC).
Pero en 1980 las cosas empezaron a cambiar, y no sólo porque los secuestros menguaron en la Argentina.
Garbo fue reemplazado por el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, de quien Massuh dijo que mantenía “relaciones amistosas con nuestro país” y que serviría para “moderar” la acción del Comité, “en desmedro de los que querrían hacer veladamente de la Unesco un tribunal de conducta internacional”.
Massuh tuvo, por otra parte, una relación estrecha con el Director de la División de Derechos Humanos y Paz de la Unesco, el checo-francés Karel Vasák. El embajador argentino envió el 14 de diciembre de 1978 una carta al canciller, Brigadier (RE) Carlos Washington Pastor, en la cual informaba sobre una conversación que había mantenido con Vasak. “Tuve ocasión de conocer la existencia de un número considerable de nuevas denuncias por supuestas violaciones de los derechos humanos en la Argentina, muchas de las cuales habían sido demoradas en su tramitación a fin de no afectar, según me expresó en una actitud de franca cordialidad (…) la elección de la Argentina en el Consejo Ejecutivo”. Todo esto consta en la Nota Secreta N° 498 “s”/78, de la cual se encontró copia en una vieja caja fuerte de la delegación argentina, donde había también documentos que estaban guardados allí desde 1983. Esos documentos fueron entregados a la Unesco por el ex embajador Miguel Ángel Estrella.
La aproximación de Massuh a Vasák le permitió a la Argentina ingresar al Consejo Ejecutivo aquel año. Y a partir de 1980, Massuh sería presidente del cuerpo. Ostentaría el cargo hasta el fin del gobierno militar. El Comité se volvió menos activo en 1981-1983.
La acción de la Unesco había sido notable en el período 1978-1980. Y aun con la mengua sufrida a partir de 1980, el tratamiento de las denuncias, incluidos los requerimiento de información al gobierno, resultaron presiones efectivas. Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones (con las cuales estuvo en permanente relación) la Unesco hostigó a la dictadura. Es imposible saber qué habría pasado sin ese hostigamiento, pero es probable que haya tenido fuerza disuasiva y prevenido más desapariciones.
En todo caso, los documentos provistos por la organización al actual gobierno permiten extraer lecciones. “La protección de los derechos humanos futuros”, decía el ex presidente Raul Alfonsín, “requiere indagar las violaciones pasadas”.
Los siguientes son sumarios de los casos a los que se refieren los documentos entregados por la Unesco.
Elsa Alicia Nocent. 21 años. Estudiante de Psicología (Universidad Nacional de La Plata). Secuestrada en Mar del Plata el 16/12/76. [Comunicación Nº 26/78]. Massuh afirma que “la estudiante en cuestión no ha sido detenida, ya que su nombre no figura en ninguno de los registros de personas privadas de su libertad”. En una posterior comunicación sostiene que “el caso preocupa mucho” al gobierno argentino, y dice haber “verificado personalmente” que “se han continuado las investigaciones, pero en vano”.
Manuel Alberto Santamaría. 20 años. Estudiante de Derecho (Universidad Nacional de La Plata). Secuestrado en Buenos Aires el 10/4/77. “El representante del gobierno” argentino señala que “no hay pruebas suficientes de que el Sr. Santamaría sea un estudiante” y observa que “el interesado está domiciliado a varios centenares de kilómetros de la facultad”. El Comité no admite el argumento y decide requerir más información.
Fernando de Hallgarten. 20 años. Estudiante y obrero de la construcción. Secuestrado en Mar del Plata el 26/8/1976. “El representante del gobierno” argentino plantea que la denuncia es inadmisible porque “no especifica en qué universidad y qué disciplinas estudia la presunta víctima”. Un miembro del Comité pregunta si el gobierno argentino tiene algún elemento para negar que Hallgarten sea estudiante. El representante argentino responde que “una investigación de ese tipo no corresponde”. El Comité rechaza el pedido de que la denuncia se declare inadmisible. Solicitará mayor información.
Sergio Andrés Clar. 23 años. Empleado. Secuestrado en Buenos Aires el 18/5/1977, al mismo tiempo que su padre, Mario César Clar, contador. Massuh observa que “los señores Clar” han sido “miembros del Partido Comunista” y se pregunta “si los trotskistas no estarán implicados en la desaparición”. Asimismo, plantea que, siendo las víctimas un empleado y un contador, el caso no es competencia de la Unesco. Esto último es aceptado.
Alejandro Enrique Gutiérrez Penette. 22 años. Estudiante de periodismo. Secuestrado en Santa Fe el 24/7/1978. “El representante del gobierno” argentino señala que “algunas de las personas desaparecidas pueden, en realidad, haber pasado a la clandestinidad”. Sin embargo, luego se establece que Gutiérrez Penette ha sido sometido a juicio. El Comité decide dejar el caso abierto.
Perla Elizabeth Schneider. 26 años. Estudiante de Psicología (Universidad de Córdoba). Secuestrada en Córdoba el 6/12/1977. Masuh alega que “la presunta violación no se puede imputar a su gobierno, que no asume responsabilidad alguna en el caso de personas que han pasado a la clandestinidad, como puede suponerse en este caso en opinión de las autoridades argentinas”. Sin embargo, en respuesta a una pregunta responde que “las autoridades no pueden conocer la identidad de las personas que pasaron a la clandestinidad entre 1976 y 1977 porque el control de los grupos terroristas escapaba a la autoridad del Estado” (sic). El Comité decide dejar el caso abierto.
José Carlos Prat Salvucci. 19 años. Estudiante de Ciencias Económicas que presta el servicio militar. Secuestrado en Buenos Aires el 1º/1/1977. El embajador argentino informa que los estudiantes tienen derecho a pedir el aplazamiento de su incorporación al Ejército y que no habiéndose Prat Salvucci acogido a ese derecho “perdió su calidad de estudiante, por lo cual la denuncia es inadmisible”. Agrega Massuh que la Unesco “no tiene por qué duplicar la labor de la Organización de Estados Americanos (OEA), que también está estudiando el caso”. Varios miembros del Comité deciden que “el hecho de que otro organismo estudiara el caso no es óbice para que el Comité también lo estudie”. Se decide dejar el caso abierto.
Federico Álvarez Rojas (h). 34 años. Físico, Comisión Nacional de Energía Atómica. Secuestrado en Buenos Aires, junto con su esposa, el 1/10/1976. “El representante argentino” precisa que Álvares Rojas “figura en la lista de personas desaparecidas” y que el gobierno, “muy preocupado por esto”, lo busca “activamente”, pero “no se han logrado resultados hasta la fecha”. Subraya luego que “la desaparición” de Álvarez Rojas constituye “una pérdida” (sic) que afecta al “potencial intelectual de Argentina”.
Juan Carlos Suárez. 30 años. Estudiante de arquitectura (Universidad Nacional de Buenos Aires). Secuestrado en Buenos Aires el 19/11/1977. Massuh dice que no está probado que Suárez fuera estudiante, pero señala que así lo fuera “no es motivo suficiente para que la Unesco se interese automáticamente” por el tema. El representante argentino advierte que de otro modo “la organización correría el peligro de ocuparse de todos los casos de desaparición de estudiantes” (SIC). El Comité no acepta el argumento y deja abierto el caso.
Anatole Boris Julien Grison (6 años) y Eva Lucía Julien Grisona (4 años). Fueron secuestrados junto con sus padres (uruguayos) en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976). “El representante argentino” subraya que el padre de las criaturas es “un ciudadano uruguayo que huyó a la Argentina y que luego habría desaparecido”. Añade que la denuncia “no proporciona ningún elemento concreto de prueba”. Se cita al representante chileno, dado que la abuela de los niños ha establecido que los ambos se encuentran en Chile, bajo otra identidad, en custodia de una familia que se propone adoptarlos. El representante chileno sostiene que la abuela de los niños ha prestado su conformidad. Sin embargo, el juez ante el cual se tramita la adopción no avanzará hasta que no se reciban “informaciones más amplias sobre la suerte de los padres”. El representante informa que se están haciendo “indagaciones” para determinar “el modo en que los niños llegaron a Chile”. El caso queda abierto.
Familia Tarnopolsky. Betina. (15 años), estudiante. Sergio (19 años), conscripto. Los padres de ambos: Hugo, químico, y Blanca, psicopedagoga. Secuestrados en Buenos Aires. Massuh sostiene “no existe un vínculo” entre los secuestros de la familia y “la esfera de la cultura”. Subraya que “no hay razones ni motivos para para que el caso se estudie en la Unesco”. El Comité le solicita mayor información. Y en tanto suspende el tratamiento del caso. Algunos miembros del Comité “aceptan con pesar y reserva” la suspensión.
Antonio Satutto. Estudiante de Ingeniería (Universidad de Mar del Plata) y su esposa, María Cristina Ortiz, estudiante de cine (Escuela Superior de Artes Visuales, Mar del Plata). Secuestrados en Mar del Plata el 26/7/1978. Massuh señala que hay en la denuncia “una grave contradicción” porque se dice que “las presuntas víctimas estaban cursando estudios en Mar del Plata y han sido secuestradas en La Plata, siendo que ambas ciudades distan 400 kilómetros una de otra” (sic). Luego dice que “según ha podido averiguar” el gobierno, las presuntas víctimas “no eran estudiantes al momento de producirse el supuesto secuestro” sino que él era obrero metalúrgico y ella empleada. No existiendo otras informaciones, el Comité no trata el asunto.
Analía Egle María Minetti. 24 años. Egresada del Instituto Superior de Comercio (Universidad Nacional de Rosario). Secuestrada en Rosario el 7 de marzo de 1977. Massuh dice que “no se justifica la intervención de la Unesco” porque lo que estudia Minettti es “taquigrafía y dactilografía” lo cual “no permite que se la califique de estudiante” El argumento es desestimado y el expediente queda abierto”.
Estos son apenas doce casos de los que aparecen en los documentos entregados por la Unesco. Sirven para mostrar el interés de la organización, que estableció un procedimiento especial a fin de considerar cada denuncia individual. También muestran hasta qué punto puede llegar la necesidad de justificar lo injustificable. Las dictaduras no sólo devoran enemigos; también ajan cerebros de quienes la sostienen.
Massuh fue doctor en filosofía, estudió en Tubingen y Chicago, estuvo al frente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba y dirigió el Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Pero en sus años de la Unesco sintió que debía proclamar lo inverosímil, ocultar lo que no se podía ocultar y repetir los deshonestos argumentos que le ordenaban desde Buenos Aires.
Fuente:http://www.clarin.com/politica/Unesco-entrego-documentos-secretos-dictadura_0_1589241163.html
La petición a la Unesco fue formalizada por mí ante la Directora General de la organización, Irina Bokova. La documentación me fue entregada diecisiete días más tarde por Eric Falt, Sub-Director General de la Unesco para las Relaciones Exteriores.
En Buenos Aires, el Ministerio sometió la documentación recibida a un riguroso análisis, luego de lo cual el vice-canciller Carlos Foradori, y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, anunciaron el 12 de mayo que el Gobierno tenía esa información.
La canciller Malcorra se comunicó la semana pasada con la Directora General, a quien le agradeció la receptividad que tuvo el pedido del gobierno argentino y la celeridad de la respuesta de la organización.
Los antecedentes recibidos consisten en actas del Comité de Convenciones y Recomendaciones del Consejo Ejecutivo de la Unesco, encargado de examinar “las comunicaciones relativas a casos y asuntos concernientes al ejercicio de los derechos humanos en las esferas de competencia” de la organización: es decir educación, ciencia y cultura.
Ese Comité estuvo presidido hasta fines de 1978 por el noruego Gunnar Garbo, a quien el entonces embajador argentino ante la Unesco, Víctor Massuh, acusó de tener una actitud “inquisitiva y fiscalista” respecto del gobierno de la Junta presidida por Jorge Rafael Videla.
El representante argentino utilizaba frente a cada denuncia la estrategia que le confió al canciller Brigadier (RE) Carlos Washington Pastor: “Oponer reservas y observaciones en cuanto a la competencia, oportunidad o cumplimiento de tal o cual requisito”, y requerir que la denuncia fuera declarada “inadmisible”.
El 7 de junio de 1978, el Ministerio de Relaciones Exteriores le envió a Massuh (Nota N° 4580/978 Secreta) “una carpeta conteniendo nombres de delincuentes subversivos, organización a que pertenecen y acciones en las que participaron”. El propósito era proveerle elementos a usar en potenciales denuncias. La nota requería, por indicación del Presidente Videla, que la delegación enviara un “informe evaluativo” sobre dicha lista. Cuatro días más tarde, el embajador envió (Nota N° 262 Secreta/78) una respuesta en la que decía que “solamente uno de los mencionados” en esa lista de “delincuentes subversivos” estaba “vinculado a la Unesco”. Era Julio Cortázar, que desde hacía 25 años formaba parte del plantel de traductores de la organización. Massuh agregó: “No se ha tenido trato con él ni tiene relación alguna con las tareas de la delegación”.
Ese mismo año entró en vigencia un procedimiento para tratar las denuncias cuando los gobiernos no proveyeran información: esas denuncias no serían archivadas sino que se mantendrían en una “lista de comunicaciones pendientes”. Massuh criticó el procedimiento porque “frente una acumulación de denuncias que permitan deducir que no se trata de circunstancias aisladas y ocasionales, el Consejo Ejecutivo puede llegar a tratar en sesiones públicas la situación de los derechos humanos de un país” (SIC).
Pero en 1980 las cosas empezaron a cambiar, y no sólo porque los secuestros menguaron en la Argentina.
Garbo fue reemplazado por el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, de quien Massuh dijo que mantenía “relaciones amistosas con nuestro país” y que serviría para “moderar” la acción del Comité, “en desmedro de los que querrían hacer veladamente de la Unesco un tribunal de conducta internacional”.
Massuh tuvo, por otra parte, una relación estrecha con el Director de la División de Derechos Humanos y Paz de la Unesco, el checo-francés Karel Vasák. El embajador argentino envió el 14 de diciembre de 1978 una carta al canciller, Brigadier (RE) Carlos Washington Pastor, en la cual informaba sobre una conversación que había mantenido con Vasak. “Tuve ocasión de conocer la existencia de un número considerable de nuevas denuncias por supuestas violaciones de los derechos humanos en la Argentina, muchas de las cuales habían sido demoradas en su tramitación a fin de no afectar, según me expresó en una actitud de franca cordialidad (…) la elección de la Argentina en el Consejo Ejecutivo”. Todo esto consta en la Nota Secreta N° 498 “s”/78, de la cual se encontró copia en una vieja caja fuerte de la delegación argentina, donde había también documentos que estaban guardados allí desde 1983. Esos documentos fueron entregados a la Unesco por el ex embajador Miguel Ángel Estrella.
La aproximación de Massuh a Vasák le permitió a la Argentina ingresar al Consejo Ejecutivo aquel año. Y a partir de 1980, Massuh sería presidente del cuerpo. Ostentaría el cargo hasta el fin del gobierno militar. El Comité se volvió menos activo en 1981-1983.
La acción de la Unesco había sido notable en el período 1978-1980. Y aun con la mengua sufrida a partir de 1980, el tratamiento de las denuncias, incluidos los requerimiento de información al gobierno, resultaron presiones efectivas. Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones (con las cuales estuvo en permanente relación) la Unesco hostigó a la dictadura. Es imposible saber qué habría pasado sin ese hostigamiento, pero es probable que haya tenido fuerza disuasiva y prevenido más desapariciones.
En todo caso, los documentos provistos por la organización al actual gobierno permiten extraer lecciones. “La protección de los derechos humanos futuros”, decía el ex presidente Raul Alfonsín, “requiere indagar las violaciones pasadas”.
Los siguientes son sumarios de los casos a los que se refieren los documentos entregados por la Unesco.
Elsa Alicia Nocent. 21 años. Estudiante de Psicología (Universidad Nacional de La Plata). Secuestrada en Mar del Plata el 16/12/76. [Comunicación Nº 26/78]. Massuh afirma que “la estudiante en cuestión no ha sido detenida, ya que su nombre no figura en ninguno de los registros de personas privadas de su libertad”. En una posterior comunicación sostiene que “el caso preocupa mucho” al gobierno argentino, y dice haber “verificado personalmente” que “se han continuado las investigaciones, pero en vano”.
Manuel Alberto Santamaría. 20 años. Estudiante de Derecho (Universidad Nacional de La Plata). Secuestrado en Buenos Aires el 10/4/77. “El representante del gobierno” argentino señala que “no hay pruebas suficientes de que el Sr. Santamaría sea un estudiante” y observa que “el interesado está domiciliado a varios centenares de kilómetros de la facultad”. El Comité no admite el argumento y decide requerir más información.
Fernando de Hallgarten. 20 años. Estudiante y obrero de la construcción. Secuestrado en Mar del Plata el 26/8/1976. “El representante del gobierno” argentino plantea que la denuncia es inadmisible porque “no especifica en qué universidad y qué disciplinas estudia la presunta víctima”. Un miembro del Comité pregunta si el gobierno argentino tiene algún elemento para negar que Hallgarten sea estudiante. El representante argentino responde que “una investigación de ese tipo no corresponde”. El Comité rechaza el pedido de que la denuncia se declare inadmisible. Solicitará mayor información.
Sergio Andrés Clar. 23 años. Empleado. Secuestrado en Buenos Aires el 18/5/1977, al mismo tiempo que su padre, Mario César Clar, contador. Massuh observa que “los señores Clar” han sido “miembros del Partido Comunista” y se pregunta “si los trotskistas no estarán implicados en la desaparición”. Asimismo, plantea que, siendo las víctimas un empleado y un contador, el caso no es competencia de la Unesco. Esto último es aceptado.
Alejandro Enrique Gutiérrez Penette. 22 años. Estudiante de periodismo. Secuestrado en Santa Fe el 24/7/1978. “El representante del gobierno” argentino señala que “algunas de las personas desaparecidas pueden, en realidad, haber pasado a la clandestinidad”. Sin embargo, luego se establece que Gutiérrez Penette ha sido sometido a juicio. El Comité decide dejar el caso abierto.
Perla Elizabeth Schneider. 26 años. Estudiante de Psicología (Universidad de Córdoba). Secuestrada en Córdoba el 6/12/1977. Masuh alega que “la presunta violación no se puede imputar a su gobierno, que no asume responsabilidad alguna en el caso de personas que han pasado a la clandestinidad, como puede suponerse en este caso en opinión de las autoridades argentinas”. Sin embargo, en respuesta a una pregunta responde que “las autoridades no pueden conocer la identidad de las personas que pasaron a la clandestinidad entre 1976 y 1977 porque el control de los grupos terroristas escapaba a la autoridad del Estado” (sic). El Comité decide dejar el caso abierto.
José Carlos Prat Salvucci. 19 años. Estudiante de Ciencias Económicas que presta el servicio militar. Secuestrado en Buenos Aires el 1º/1/1977. El embajador argentino informa que los estudiantes tienen derecho a pedir el aplazamiento de su incorporación al Ejército y que no habiéndose Prat Salvucci acogido a ese derecho “perdió su calidad de estudiante, por lo cual la denuncia es inadmisible”. Agrega Massuh que la Unesco “no tiene por qué duplicar la labor de la Organización de Estados Americanos (OEA), que también está estudiando el caso”. Varios miembros del Comité deciden que “el hecho de que otro organismo estudiara el caso no es óbice para que el Comité también lo estudie”. Se decide dejar el caso abierto.
Federico Álvarez Rojas (h). 34 años. Físico, Comisión Nacional de Energía Atómica. Secuestrado en Buenos Aires, junto con su esposa, el 1/10/1976. “El representante argentino” precisa que Álvares Rojas “figura en la lista de personas desaparecidas” y que el gobierno, “muy preocupado por esto”, lo busca “activamente”, pero “no se han logrado resultados hasta la fecha”. Subraya luego que “la desaparición” de Álvarez Rojas constituye “una pérdida” (sic) que afecta al “potencial intelectual de Argentina”.
Juan Carlos Suárez. 30 años. Estudiante de arquitectura (Universidad Nacional de Buenos Aires). Secuestrado en Buenos Aires el 19/11/1977. Massuh dice que no está probado que Suárez fuera estudiante, pero señala que así lo fuera “no es motivo suficiente para que la Unesco se interese automáticamente” por el tema. El representante argentino advierte que de otro modo “la organización correría el peligro de ocuparse de todos los casos de desaparición de estudiantes” (SIC). El Comité no acepta el argumento y deja abierto el caso.
Anatole Boris Julien Grison (6 años) y Eva Lucía Julien Grisona (4 años). Fueron secuestrados junto con sus padres (uruguayos) en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976). “El representante argentino” subraya que el padre de las criaturas es “un ciudadano uruguayo que huyó a la Argentina y que luego habría desaparecido”. Añade que la denuncia “no proporciona ningún elemento concreto de prueba”. Se cita al representante chileno, dado que la abuela de los niños ha establecido que los ambos se encuentran en Chile, bajo otra identidad, en custodia de una familia que se propone adoptarlos. El representante chileno sostiene que la abuela de los niños ha prestado su conformidad. Sin embargo, el juez ante el cual se tramita la adopción no avanzará hasta que no se reciban “informaciones más amplias sobre la suerte de los padres”. El representante informa que se están haciendo “indagaciones” para determinar “el modo en que los niños llegaron a Chile”. El caso queda abierto.
Familia Tarnopolsky. Betina. (15 años), estudiante. Sergio (19 años), conscripto. Los padres de ambos: Hugo, químico, y Blanca, psicopedagoga. Secuestrados en Buenos Aires. Massuh sostiene “no existe un vínculo” entre los secuestros de la familia y “la esfera de la cultura”. Subraya que “no hay razones ni motivos para para que el caso se estudie en la Unesco”. El Comité le solicita mayor información. Y en tanto suspende el tratamiento del caso. Algunos miembros del Comité “aceptan con pesar y reserva” la suspensión.
Antonio Satutto. Estudiante de Ingeniería (Universidad de Mar del Plata) y su esposa, María Cristina Ortiz, estudiante de cine (Escuela Superior de Artes Visuales, Mar del Plata). Secuestrados en Mar del Plata el 26/7/1978. Massuh señala que hay en la denuncia “una grave contradicción” porque se dice que “las presuntas víctimas estaban cursando estudios en Mar del Plata y han sido secuestradas en La Plata, siendo que ambas ciudades distan 400 kilómetros una de otra” (sic). Luego dice que “según ha podido averiguar” el gobierno, las presuntas víctimas “no eran estudiantes al momento de producirse el supuesto secuestro” sino que él era obrero metalúrgico y ella empleada. No existiendo otras informaciones, el Comité no trata el asunto.
Analía Egle María Minetti. 24 años. Egresada del Instituto Superior de Comercio (Universidad Nacional de Rosario). Secuestrada en Rosario el 7 de marzo de 1977. Massuh dice que “no se justifica la intervención de la Unesco” porque lo que estudia Minettti es “taquigrafía y dactilografía” lo cual “no permite que se la califique de estudiante” El argumento es desestimado y el expediente queda abierto”.
Estos son apenas doce casos de los que aparecen en los documentos entregados por la Unesco. Sirven para mostrar el interés de la organización, que estableció un procedimiento especial a fin de considerar cada denuncia individual. También muestran hasta qué punto puede llegar la necesidad de justificar lo injustificable. Las dictaduras no sólo devoran enemigos; también ajan cerebros de quienes la sostienen.
Massuh fue doctor en filosofía, estudió en Tubingen y Chicago, estuvo al frente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba y dirigió el Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Pero en sus años de la Unesco sintió que debía proclamar lo inverosímil, ocultar lo que no se podía ocultar y repetir los deshonestos argumentos que le ordenaban desde Buenos Aires.
Fuente:http://www.clarin.com/politica/Unesco-entrego-documentos-secretos-dictadura_0_1589241163.html
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