Defensa abrirá los archivos secretos de la Guerra Civil y el franquismo

Miguel González

Madrid 17 SEP 2018 - 06:30 CEST

Un joven consulta unos documentos en el Archivo General Militar, en Ávila. Raúl Sanchidrián EFE

El Ministerio de Defensa ha dado los primeros pasos para que los documentos militares de la Guerra Civil y la posguerra, considerados hasta ahora secretos, estén al alcance de estudiosos, investigadores y del público en general. La Comisión Calificadora de Documentos de Defensa aprobó el pasado día 4 un informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que recomienda a la ministra Margarita Robles que “autorice con carácter general la consulta pública de la documentación anterior a 1968” del Archivo General Militar de Ávila.
El cerrojo que mantiene vetados para los historiadores miles de documentos clave para entender la reciente historia de España empieza a ceder. La comisión del Ministerio de Defensa sobre calificación de documentos, que preside el secretario general técnico del departamento, ha pedido que se permita el acceso público a un inmenso fondo documental, hasta ahora de difícil o imposible consulta por llevar marcas de reserva o confidencialidad, sobre la Guerra Civil (partes de operaciones, despliegue de unidades), la represión franquista (campos de concentración, batallones de trabajo), la posguerra (fortificación de los Pirineos, Marruecos) o los boletines de la sección de inteligencia del Estado Mayor Central.

Documentos para consulta pública

El informe de la Comisión Calificadora de Documentos de Defensa incluye un anexo con una descripción general de los contenidos de la documentación existente en el Archivo General Militar de Ávila cuya consulta pública recomienda, pese a tener marcas de confidencialidad o reserva:

1. Cuarteles generales, Capitanías, grandes unidades (Guerra Civil): organización y despliegue de unidades, orden de batalla, estados de fuerza, movimientos de tropas, partes de operaciones, organización defensiva y planes de defensa, cartografía e información (con documentación anterior a 1968).
2. Subsecretaría del Ejército: justicia, campos de concentración, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos, sabotajes (una documentación anterior a 1968).
3. Capitanías generales y gobiernos militares: justicia, campos de concentración, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos y sabotajes.
4. Comandancia de Obras y Fortificaciones de la IV, V y VI Regiones Militares: línea de fortificación del Pirineos, Cataluña, Aragón y Navarra (documentación técnica de las comandancias de Ingenieros y Fortificación, actas de las Juntas de Defensa y Armamento, elección y construcción de asentamientos, croquis, fotografía... Todos documentos anteriores a 1968).
5. Segunda Sección de Estado Mayor Central [Inteligencia]: boletines de información interior y exterior sobre la actividad de las capitanías, ejército Pirineos, Marruecos (documentación que va de 1940 a 1968).

Estos documentos abarcan desde el golpe de Estado de 1936 hasta 1968, cuando entró en vigor la todavía vigente ley de Secretos Oficiales, y están depositados en el Archivo General Militar de Ávila, centro de referencia para el estudio de la Guerra Civil junto al de Salamanca.
Según el informe de la Comisión de Calificación de Defensa, esta documentación forma parte de los fondos “sobre los que el Ejército de Tierra ya ha informado oficialmente de que no afectan ni a la seguridad ni a la defensa del Estado, que su estado [de conservación] es correcto, que su grado de descripción alcanza el 100% y que es posible su consulta” pública sin mayores inconvenientes.
El informe no cita el número de documentos que saldrá a la luz pública, pero en 2011 la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, cifró en 10.000 los papeles del Ejército sobre la guerra civil y la posguerra que podían ser desclasificados. Expertos en archivística sostienen que el término documento es ambiguo, pues abarca desde una hoja con un mapa hasta un sumario de 5.000 folios, pero estiman que el volumen afectado podría triplicar la cifra que dio Chacón.
En todo caso, fue el trabajo de depuración y análisis de documentos realizado entonces el que ha permitido ahora avanzar con rapidez. Chacón dejó la desclasificación casi lista, pero no pudo culminarla porque se anticiparon las elecciones. Su sucesor, Pedro Morenés, del PP, paró la operación en seco, alegando que tenía “otras prioridades”, que la publicación de los documentos no tenía “otro interés que el ruido mediático” y que “una cosa [de otra época] hoy en día mal contada podría generarnos problemas con socios”.
Sin embargo, a diferencia de la operación que ultimó Chacón, Defensa no prevé ahora desclasificar ningún documento. El informe de la comisión técnica zanja el debate sobre la presunta extensión indefinida en el tiempo, hacia el futuro y hacia el pasado, del deber de reserva al concluir que la ley franquista de Secretos Oficiales, aunque forma parte del ordenamiento jurídico vigente, no tiene carácter retroactivo. Es decir, ningún documento anterior al 28 de abril de 1968, fecha de entrada en vigor de la ley, está legalmente clasificado como secreto. Por tanto, no hay que desclasificarlo.

Postura del PP

El informe añade, no obstante, que la ley de Patrimonio Histórico prevé la posibilidad de excluir de consulta pública aquellos documentos cuya difusión “pueda entrañar riesgos para la seguridad y defensa del Estado”, aunque no estén legalmente clasificados. En este caso, añade, la consulta puede ser autorizada por “el jefe del departamento encargado de la custodia del archivo”. Para la comisión, el jefe del departamento que custodia los archivos militares “no puede ser otro más que la ministra de Defensa”. De ahí que, tras atribuirle la competencia para autorizar la consulta de los documentos anteriores a 1968 que tengan marcas de reserva o confidencialidad, le pide que los haga públicos, pues se trata “de fondos documentales cuyo conocimiento no daña ni pone en riesgo la seguridad y defensa del Estado o de las Fuerzas Armadas”.
Con esta interpretación, el Ministerio de Defensa pone fin a situaciones tan surrealistas como la que se produjo en abril pasado, cuando el Estado Mayor del Ejército tuvo que rectificar — ante las protestas de los historiadores— una instrucción por la que ordenaba impedir el acceso de los estudiosos a toda la documentación con el sello de secreto o confidencial, incluidos muchos documentos históricos que ya eran de público acceso incluso bajo la dictadura de Franco.
En realidad, la interpretación que hizo el Estado Mayor del Ejército estaba en sintonía con la del Partido Popular, que en esas fechas presentó una enmienda al proyecto de reforma de la ley de Secretos Oficiales, que se tramita en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que proponía que “la información clasificada con anterioridad a la ley 9/1968 de 5 de abril sobre Secretos Oficiales quedará automáticamente desclasificada a los tres años de la entrada en vigor de esta ley”. Es decir, el PP cree que los documentos sobre la Guerra Civil y la represión siguen siendo secretos y no deben ser públicos, en el mejor de los casos, hasta 2022; siempre que la reforma de la ley entre en vigor el año próximo.
En todo caso, la decisión de Defensa constituye solo un primer paso, pues solo afecta al archivo de Ávila, mientras que ese ministerio gestiona ocho archivos históricos, 15 intermedios y tres científicos, sin contar con más de 500 de gestión ordinaria.

“Un paso adelante, en medio de una situación vergonzosa”

El acceso público a los documentos del Ejército anteriores a 1968 constituye “un paso adelante en medio de una situación vergonzosa”, se felicita Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. En los últimos años se ha producido una involución en el sistema archivístico español, cada vez más hermético y anémico de recursos, que ha obligado a los investigadores a buscar en centros extranjeros la documentación que se les niega en su propio país.
La vigencia de una ley de Secretos Oficiales obsoleta, que no fija plazos de desclasificación, y la disparidad de opiniones en torno al tratamiento que debe recibir la documentación secreta anterior a 1968 ha llevado a que, “en muchas ocasiones, el acceso a un documento dependiera de la interpretación del funcionario de turno”, admite el historiador.
Pereira recuerda que los fondos que ahora se pondrán a disposición de los estudiosos “ya fueron minuciosamente revisados en la etapa de Chacón”, sin que se advirtiera entonces ningún problema, por lo que lamenta que se hayan perdido ocho años.
En todo caso, espera que el paso dado en el archivo militar de Ávila lo aplique Defensa en sus otros siete archivos históricos y que el ejemplo sea imitado por otros ministerios, como el de Asuntos Exteriores y Cooperación, que mediante un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 clasificó como secretos casi todos los cables y notas diplomáticas, sin importar la fecha de su elaboración, lo que ha convertido en una misión titánica el estudio de las relaciones exteriores de España.

https://elpais.com/politica/2018/09/16/actualidad/1537121723_032402.html

Participación en proyecto de investigación

Buscamos investigadores en archivística (de cualquier nacionalidad) interesados en colaborar en una investigación prospectiva. Intersados pueden contactar con paz.martin-pozuelo@uc3m.es, o enviando mensaje a este muro. Les facilitaremos toda la información necesaria sobre los diferentes modos de participación. Gracias

Archivos y post-conflicto

Durante más de seis décadas de conflicto armado interno en Colombia, los archivos fueron las víctimas silenciosas de los diferentes actores del conflicto, cuando no de actos delictivos deliberados para cubrir hechos de corrupción a lo largo y ancho de la geografía nacional. Durante las tomas guerrilleras y las retomas por parte del otro bando, los archivos fueron destruidos, volados por bombas, mutilados, incendiados o abandonados en las regiones donde más se recrudeció el conflicto. El resultado: archivos destruidos, desaparecidos, desmembrados, incompletos o con los bordes quemados, testigos mudos de la presencia estatal a través de las administraciones públicas regionales o locales.
No obstante las dificultades para el acceso y uso de los documentos, los archivos judiciales fueron la mina de oro para valientes periodistas que sacaban a la luz pública hechos de despojos, corrupción, desplazamiento forzado, restitución de tierra, masacres, etc. como lo evidencia el trabajo de portales como verdadabierta[1] que ha hecho el cubrimiento del conflicto armado en Colombia.
Por otro lado, firmado el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, termina el conflicto con el grupo armado ilegal más antiguo del continente y con más capacidad de respuesta militar para enfrentar al Estado, abriendo la compuerta para generar condiciones para una paz estable y duradera.
En dicho Acuerdo Final se establece la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición, que tiene entre sus funciones: “Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones y al término de su mandato tomas las medidas necesarias para asegurar su preservación. La comisión definirá la entidad que será depositaria de estos archivos y los custodiará.”[2] En el mismo documento dispone que la comisión establecerá los lineamientos para que la entidad depositaria adopte los mecanismos correspondientes para que las víctimas y la sociedad en general puedan acceder al archivo de la información recolectada.
Por su parte, el ex comandante de las AUC, Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, en entrevista a Noticias Uno hace énfasis en que el verdadero aporte para una paz estable y duradera es la verdad completa, “No la verdad expuesta por el gobierno sobre lo ocurrido en el conflicto, no la verdad que reposa en los anaqueles oficiales, que muchas veces se extravía y se pierde”[3].
Desde el punto de vista archivístico el reto es más complejo que la intervención cotidiana con la que se ha venido trabajando de espaldas a la realidad política del país: i) Hacer de los archivos un verdadero centro de información, antes que un mero depósito de archivos con documentos dispuestos para cumplir con mandatos legales; ii) Realizar los esfuerzos necesarios para aterrizar el lenguaje técnico documental a un lenguaje que le permita a las víctimas acceder a la información contenida en los depósitos de archivo, incluyendo el esfuerzo interdisciplinario para ello; iii) Realizar las acciones de descripción que se requieran para garantizar el acceso a la información, visibilizando los archivos donde potencialmente puedan existir recursos de información para la reconstrucción colectiva de la verdad total; iv) Ampliar el espectro de intervención tradicional que trascienda la visión orgánico-funcional con que se han intervenido los procesos de archivos y documentos, toda vez que los registros serán: colecciones de documentos, informes técnicos, grabaciones, testimonios orales y documentos que no se consideran documentos de archivo en estricto sentido, ya que los archivos oficiales solo son una parte de la verdad no contada sobre el conflicto armado.
Finalmente, para que los archivos sean el recurso para construir memoria, verdad, justicia y reparación integral, requiere que sus procesos técnicos sean acordes a los conceptos de enfoque territorial y poniendo a las víctimas como el objetivo principal en el acceso a la información; visibilizar a los olvidados, a las víctimas, a los territorios que tienen una historia por narrar, es en definitiva, construir Nación.

[1] Portal Verdad Abierta http://www.verdadabierta.com/
[2] Acuerdo Final para la terminación del conflicto. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
[3] Noticias Uno. Edición de julio 22 de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=bvGzw_7GQbQ

Fuente:  http://www.archivoz.es/archivos-y-postconflicto-archivos-para-construir-nacion/